El Gobierno Argentino derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y redefine el rol del organismo. El objetivo es eliminar la intervención en los procesos productivos y reducir la burocracia en el sector. La medida fue oficializada mediante la Resolución 37/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La decisión implica que el organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales del proceso productivo —como la cosecha, la elaboración o el transporte— para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando su aptitud para el consumo. Además, los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que con esta reforma “se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para consumo del vino”.

Según Sturzenegger, la resolución pone fin a décadas de “burocracia absurda”. Solo en 2024 el INV había emitido 140.000 permisos de tránsito y realizado más de 5.000 inspecciones, en algunos casos con visitas a una misma bodega cada dos días. “La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado complique las cosas”, sostuvo el funcionario de Milei.

Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta US$ 800 millones anuales, lo que la ubica como el quinto productor mundial. Pero en un contexto de caída global del consumo y cambio en las preferencias —con el auge del vino sin alcohol— «es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno”, explicó.

“Para tomar noción de lo exagerado de este régimen, en 2024 el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5.000 inspecciones a bodegas. Hay registros de empresas que recibían una inspección cada dos días. Además, el organismo tramitaba cuestiones innecesarias como la determinación anual del grado alcohólico mínimo permitido para cada tipo de vino según la zona”, explicó.

En ese sentido, el ministro siguió: “Menos burocracia son menos oportunidades para la corrupción”. Y agregó: “Los inspectores sólo tomarán muestras de los productos embotellados y los enviarán a analizar, cerrando la puerta a la discrecionalidad y la corrupción”.

“En otras palabras, ya no andarán los inspectores del INV interfiriendo en la producción de las bodegas, un reclamo de los productores que se repetía sin cesar. Y como dice su titular, Carlos Tizio, la inmensa mayoría de las bodegas hace años que no tiene problemas. ¿Por qué tratarlos como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado ande complicando las cosas”, sumó.

“La libertad siempre encuentra su camino”, cerró Sturzenegger, quien agradeció la colaboración de distintos funcionarios de las carteras de Economía, Producción, Agricultura y Desregulación, y el respaldo del presidente Javier Milei.

El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.
(clarin.com)